Once prostitutas de países del Este, de Italia y de España crean la Sociedad Cooperativa de Servicios del Sexo de España (Sealeer), con sede en Ibiza.
Estas mujeres, han conseguido que por primera vez en España exista una «cooperativa de trabajo asociado para la prestación de servicios sexuales» cotizando a la Seguridad Social. Como cualquier otra, sus trabajadoras tienen los mismos derechos y obligadores de cualquier trabajador como puede ser el pago de impuestos o acceder a las ventajas legales relacionadas con bajas médicas, permisos de maternidad, etc.
El objetivo de esta nueva cooperativa es «regular este gremio, así como sentar un precedente» para la normalización del mismo en el resto del país» y evitar así el proxenetismo, según han explicado miembros de la entidad a los medios de comunicación.
Tal y como han comentado las implicadas, el camino no fue fácil, de hecho, el primer intento de registro les fue denegado. La persona clave para conseguirlo ha sido Gloria Poyatos, una jueza que se hizo pasar por prostituta para demostrar que se podían dar de alta como autónomas y cotizar a la Seguridad Social.
“Comencé los trámites pretendiendo que se me negara la legalización para poder luego impugnar como abogado, mi sorpresa fue cuando me dieron de alta como profesional del sexo”, explicaba Poyatos. Con el alta como autónoma, se dirigió a la Seguridad Social para inscribirse.
La presidenta de la sociedad, María José López Armesto, ha asegurado que «las profesionales de este ámbito somos las primeras que queremos cotizar a la Seguridad Social y tener una situación laboral reglada que nos proteja en casos de bajas o jubilaciones y que evite hechos tan deleznables como la explotación laboral o la trata de mujeres».
En España existe una regulación específica que permite la obtención de licencias administrativas para la explotación de locales de alterne, sin embargo, a nivel individual hasta ahora no estaban reconocidas estas trabajadoras en el Sistema de la Seguridad Social.
Este hecho, insisten, «contribuirá a que se cumpla con la normativa de prevención de riesgos laborales y se eviten riesgos físicos o se vulneren nuestros derechos fundamentales». Además, podría poner fin a los perjuicios que ocasiona la prostitución callejera tanto para los vecinos de la zona donde se ejerce como para las propias prostitutas que no tienen ninguna seguridad ni amparo.
