La Junta de Andalucía tiene con Francisco Núñez, director de la obra de restauración del Castillo de Íllora en Granada en 1998, una deuda de 233.407 pesetas. 
Las desavenencias entre la empresa y los técnicos de la delegación provincial de Cultura comenzaron hace 15 años, al poco tiempo de finalizar la obra. La administración consideraba que los trabajos no estaban correctamente terminados y se negó a pagar a pesar de que las facturas estaban emitidas y selladas. En ese momento se inició un contencioso que no se resolvió hasta 2009 cuando la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), con sede en Sevilla, dio la razón a la empresa constructora obligando a la Junta de Andalucía a pagar unos 7 millones a la constructora y más de 200.000 al director y al arquitecto de la obra, pues eran autónomos.
Sin embargo, la administración no ha pagado y los intereses siguen subiendo. La deuda con Francisco Núñez sube un 50 por ciento del total, unos 700 euros más, algo más de 100.000 pesetas de las de entonces. Para la empresa sube a 3,5 millones de pesetas, casi 10.000 euros.
El aparejador ha llegado incluso a recurrir al Defensor del Pueblo Andaluz y al Español a quien la Junta ha respondido que “pagarían cuando hubiese disponibilidad presupuestaria”.
