El Departamento de Justicia de EE.UU. y el FBI han reconocido que durante el período que va desde 1980 al 2000 los forenses especialistas en análisis capilar del FBI entregaron a los tribunales pruebas erróneas o falseadas que favorecían a los fiscales, en un 95% de los casos.
La Asociación de Abogados Penales (NACDL) revisó 268 casos que incluían 32 penas de muerte (de los cuales ya han 14 han sido ejecutados o han muerto en prisión) y se encontró, tras realizar sus propios análisis de ADN, que las pruebas aportadas por el FBI no cuadraban en prácticamente ningún caso, lo que obligó al ministerio a investigar el asunto.
Esos errores no implican que no hubiera otras pruebas de la culpabilidad de los convicto, pero muchos casos deberán ser revisados. De hecho, acusados y fiscales federales y estatales en 46 estados están siendo notificados para determinar si existen motivos para apelar.
Las admisiones marcan un hito en uno de los mayores escándalos de forenses del país.
La cuestión ahora, dijeron los analistas legales, es cómo las autoridades estatales y los tribunales van a responder a los hallazgos que confirman los problemas de las técnicas forenses subjetivas basadas en patrones que han contribuido a condenas erróneas en más de una cuarta parte de 329 casos de exoneración de ADN desde 1989.
