Según numerosos estudios mantener a un preso en el corredor de la muerte supone un gasto público muy superior al de un condenado a cadena perpetua. Esto se debe principalmente al largo proceso judicial (lleno de apelaciones, selecciones muy cuidadosas de los jurados…) que conlleva para asegurarse de que no se ejecuta a un inocente. También se tiene en cuenta el coste de los fármacos utilizados para la inyección letal (el sistema más utilizado), el cual se ha visto incrementado considerablemente en los últimos años.
Unos ejemplos: En Texas, los costes de la pena de muerte suponen de media unos 2,3 millones de dólares por ejecución; curiosamente tres veces el coste que supondría mantener a un reo en una celda individual de máxima seguridad durante 40 años. California gasta unos 90 millones al año en la pena de muerte. 78 de estos millones provienen solo de los juicios (sin incluir las apelaciones).
