Según un informe alrededor del 34% de las solicitudes contenían discrepancias en el historial de empleo, y el 32% de los solicitantes exageraban o falsificaban sus títulos académicos. El 19% trataba de encubrir su mediocre historial crediticio o el hecho de haberse declarado en bancarrota, y el 11% omitía información personal.
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